GOBIERNO MINTIÓ SOBRE EL GAS DE CAMISEA

Fuente: Poder 360º

Diversos documentos muestran que ya en el año 2003 se conocía que las reservas de gas certificadas eran menores que las que se informaba públicamente. ¿El objetivo? Preparar el camino para la exportación del gas, favoreciendo así exclusivamente a empresa mexicana.

“Seis”. “Ocho punto ocho”. “En realidad, tenemos diez”. “Ahora hay doce”. “Este año llegamos a catorce”. “Pronto estaremos cerca de los treinta”. De esta forma, como si se sacaran conejos de la chistera de un mago, se anunciaban y difundían las cifras que daban cuenta de las reservas de gas del Perú. Medida en trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés), esta información suele ser fundamental para definir los lineamientos de la política energética de un país. Si no se manejan con seriedad, en cambio, terminan generando falsas expectativas de crecimiento y comprometen seriamente su futuro y desarrollo.

Pero hagamos un poco de memoria. Desde que el gas se reveló como un recurso fundamental para el Perú, la posición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) había sido bastante tranquilizadora: las reservas probadas de Camisea (sumadas las de los lotes 88 y 56) superaban los 10 TCF. A comienzos de este año se anunció que llegaban a unos 14,1 TCF. La noticia fue recibida con entusiasmo, porque con esos niveles no había nada de qué preocuparse. Había gas para todos y para rato.

Fue a mediados del 2008 cuando aparecieron los primeros indicios de que algo andaba mal. Diversas empresas interesadas en invertir en áreas tan rentables como la generación de electricidad (Termochilca) y la petroquímica vieron frustradas sus aspiraciones porque Pluspetrol no les quiso firmar contratos alegando que no había gas. ¿Cómo que no alcanza el gas? ¿Y las reservas que se había anunciado pocos meses atrás? La preocupación empezó a extenderse e inmediatamente los ojos voltearon hacia el proyecto de exportación. ¿Cómo se iba a destinar reservas de gas para venderle a México si lo que había no alcanzaba para el mercado interno?

Las explicaciones no se hicieron esperar. Los promotores de la exportación salieron al frente para señalar que el problema no estaba en la cantidad de las reservas, sino en el diámetro del ducto, que no se daba abasto para transportar el gas destinado a satisfacer la demanda interna. Según ellos, bastaba verificar las cifras de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), encargada de establecer el nivel real de reservas, para darse cuenta de que no había problemas. El 2007, según la DGH, teníamos 11,15 TCF.

Sin embargo, a pesar de las “tranquilizadoras” explicaciones, la demanda seguía superando con creces a la oferta. Esto provocó que Roberto Ramallo, gerente ejecutivo de Pluspetrol, declarara en junio último que su compañía “no firmará más contratos de suministro de gas natural con nuevas empresas hasta certificar la existencia de reservas adicionales. No tenemos una fecha precisa para vender gas a nuevas empresas, podría ser un poco antes o después del 2010”.

El punto final a este debate sobre si la culpa del desabastecimiento la tenían el tubo o las reservas, lo puso la auditoría efectuada por la empresa Gaffney, Cline & Associates (Gaffney), que en junio último, y a pedido del Ministerio de Energía y Minas, presentó el nivel de reservas certificadas. Los resultados dejaron a todos boquiabiertos: las reservas probadas solo llegaban a 8,8 TCF. Es decir, había 5,3 TCF menos de lo que habían calculado el MEM y el Consorcio Camisea.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas, se supo que esta situación se venía repitiendo desde el 2005. Las reservas probadas certificadas eran mucho menores de lo que se había venido anunciando, por eso no se podía firmar nuevos contratos. El riesgo era que hacia finales del 2010 empezarían a presentarse cortes y restricciones en el servicio eléctrico debido a la falta de proyectos de generación, cuya construcción se encontraba paralizada porque las empresas no conseguían contratos de gas.

Trillones en juego
Diversos documentos a los que tuvo acceso PODER Enterprise demuestran que desde el año 2003 el Consorcio Camisea, liderado por la argentina Pluspetrol, alertó que no era conveniente exportar el gas de Camisea debido a que, según sus proyecciones, las reservas no alcanzaban para abastecer el mercado interno.

Así lo expresa claramente el documento Pluspetrol Camisea – Position Paper, del 7 de abril de 2003: “Las estimaciones recientes sobre reservas probadas de gas del Lote 88 y la previsión de la demanda del mercado doméstico peruano para los próximos cuarenta años [que era el período de duración del contrato original del Lote 88], muestran una diferencia negativa de 4,2 TCF. Aunque Pluspetrol confía en que con el tiempo, la exploración y el desarrollo de pruebas de largo plazo se pueda reducir o incluso eliminar esta diferencia, hoy no podemos comprometernos ni garantizar las reservas de gas del Lote 88 para realizar un proyecto de exportación, mientras simultáneamente comprometemos y garantizamos los volúmenes de gas que se requiere para el mercado local”, señalan.

En otro informe de la compañía (Camisea: Strategic Value), de febrero del 2003, se muestra un cuadro en el que se indica cuál era el verdadero nivel de las reservas de entonces. Según el estudio de De Golyer & MacNaughton (una evaluadora seria del potencial de yacimientos de hidrocarburos), el Lote 88 tenía 8,7 TCF, de los cuales solo el 78% era recuperable. Por tanto, las reservas probadas llegaban a 6,8 TCF.
En cambio, el Lote 56 solo contaba con 2,0 TCF comprobados (2,5 probables, pero con una certeza de 75%). Sumados los valores de ambas concesiones, el país tenía 8,8 TCF de reservas probadas en dicho año.

Esto no es lo único importante que señala este cuadro. Según los cálculos efectuados, el país necesitaba 11 TCF para satisfacer la demanda interna de gas hasta el 2040. Es decir, sin vender gas al exterior, en ese momento, ya teníamos un déficit de 2,2 TCF. Por eso mismo Pluspetrol indicaba: “un operador responsable, antes de destinar sus reservas a un proyecto de exportación requiere: adquirir un conocimiento profundo sobre el comportamiento de las reservas; confirmar adecuadamente el desarrollo de las reservas comprobadas; convertir las reservas probables en probadas; incorporar reservas probadas de otros lotes”.

En dicho documento de Pluspetrol también se indica: “La propuesta del proyecto CLNG [nombre utilizado por la empresa antes de ser Perú LNG, para la exportación del gas] tiene dos aspectos que podrían ser políticamente controversiales. El primer hecho es que el país recibirá 12 centavos de dólar de royalty por cada millón de pies cúbicos [de gas] que el proyecto venda [en el extranjero], comparado con los 63 centavos de royalty y los múltiples efectos que en la economía generaría cada millón de pies cúbicos vendidos en el mercado local. Segundo, con precios bajos, el mercado local estaría subsidiando el desarrollo económico extranjero”, indicaba en el 2003. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia.

El diagnóstico de Pluspetrol revela que en dicho momento se podía establecer perfectamente que no era conveniente vender el gas al extranjero, y que esta posición no era exclusiva de analistas con intereses particulares o sin conocimiento del tema, tal como han pretendido hacer parecer en diversas ocasiones funcionarios del gobierno y ejecutivos de la ahora llamada Perú LNG.

La pregunta entonces es: ¿por qué si en el 2003 Pluspetrol alertaba sobre la falta de reservas de gas, el MEM y Hunt Oil (la compañía estadounidense interesada en la exportación del recurso) publicaban datos según los cuales había reservas de sobra?

La respuesta parece obvia hoy: porque se estaba preparando el terreno para que en el 2005 se hicieran las modificaciones legales necesarias que ayudaran a liberar reservas de gas para el proyecto de exportación.

La “confusión” en la medición de las reservas nace curiosamente de un hecho bastante simple: en el 2003 se comenzó a incluir como parte de las reservas probadas a las probables. Sin embargo, el hecho no quedó ahí, y tal como lo demuestra el informe Gaffney, como la suma de ambos rubros no superaba los 11 TCF en reservas en el 2009, Hunt Oil habría incorporado incluso las reservas posibles para sustentar la existencia de gas suficiente para la exportación.

Hacia el 2004, la DGH indicaba que las reservas eran de 10,87 TCF. ¿De dónde salía este número? Otro informe al que se tuvo acceso da la respuesta. Esta vez el documento es de julio último y tiene como fuente a Perú Petro, el organismo encargado de la concesión de los lotes de hidrocarburos. Ahí se señala que desde el 2004 el MEM, “con información proporcionada por Pluspetrol, viene considerando reservas probadas de gas natural en volúmenes superiores a los 8,8 [TCF] considerados por la certificadora Gaffney”. Todo esto antes de que se aprobaran las modificaciones legales necesarias para que el proyecto de exportación del gas fuese viable.

¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué Pluspetrol y el Ministerio de Energía y Minas decidieron utilizar reservas superiores a las certificadas? ¿En qué momento Pluspetrol, el operador del proyecto Camisea, decidió pasar de alertar sobre la no conveniencia del proyecto de exportación a publicar niveles de reservas que permitían sustentarlo?

Todo parece indicar, como señalan diversas fuentes vinculadas a Camisea, que había una decisión política de empujar el proyecto de exportación, y, en ese sentido, todos los esfuerzos tenían que orientarse a lograr ese objetivo. ¿Ello incluía manipular el nivel de reservas?