Top 10: La vergüenza del “Baguazo”

Fuente: La Mula

Este Video resume concisamente los métodos terroristas que aplica el Capitalismo a través del Estado gobernado por los ricos.


El tema del año, que generó heridas y mutilaciones sociales ha sido el enfrentamiento en Bagua. Murieron demasiadas personas en un enfrentamiento evitable, solo renunció una ministra oportunamente, se llevó a cabo la marcha más grande de los últimos años, cerraron una radio por motivos no esclarecidos y el informe final que no dice nada y que no halló responsabilidades políticas.

Tags: Bagua, baguazo

Nuevas imágenes inéditas del ataque a Benedicto XVI

El Vaticano alegó que se trataba de una mujer con problemas mentales.

¿Pero creerle al Vaticano?

Nativos en estado de alerta

Fuente: La Primera

El secretario de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Saúl Puerta, confirmó el rechazo de esa organización al informe de la comisión nombrada por el gobierno para investigar el baguazo y anunció que su organización esperará la reacción del gobierno sobre el informe alternativo del presidente de ese grupo, Jesús Manacés, que será presentado hoy al Ministerio de Agricultura, para decidir sobre el eventual reinicio de la protesta nativa.

Sostuvo que, por el momento, Aidesep y sus bases están en estado de alerta para reiniciar la protesta amazónica, es decir, lista para empezar la lucha si el gobierno reacciona contra los intereses de los nativos ante el informe propio de Aidesep.

Puerta expresó que Aidesep desconoce el informe presentado por algunos miembros de este grupo de trabajo el lunes pasado, que no encuentran ningún tipo de responsabilidad en los miembros del Ejecutivo ni en los mandos policiales que dirigieron la acción policial del pasado 5 de junio.

“Nosotros vamos a esperar con responsabilidad lo que dice el gobierno sobre el informe de esta comisión, firmado por su presidente Jesús Manacés. El informe que no lleva la firma del presidente (Manacés) no vale para nosotros”, indicó.

“El único objetivo que tenemos es que se conozca la verdad”, insistió Saúl Puerta. Nos hemos comunicado con nuestras bases telefónicamente y ellos están informados”, prosiguió.

Respecto al anuncio de la ministra Mercedes Aráoz sobre el nuevo debate de la Ley de Bosques y Fauna Silvestre, Saúl Puerta reiteró que ella “es la principal promotora de lo que sucedió en Bagua y por eso no le creemos ni lo que come”.

Los amazónicos consideran que la ministra Aráoz, con el argumento que los decretos legislativos no podían derogarse porque ponía en riesgo la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, provocó el derramamiento de sangre en la Curva del Diablo, en Bagua, Amazonas, lo que ella niega.

Puerta dijo que rechaza el informe de un grupo de comisionados porque no menciona como responsables del baguazo a ningún alto mando de la Policía Nacional; y tampoco, en lo político, a la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, por la operación de desalojo de la Curva del Diablo.

El informe del presidente de esta comisión, Jesús Manacés, solicitará que los responsables políticos del “baguazo” sean señalados con nombre propio.

Los amazónicos también piden incluir en esta relación al ex titular del Congreso, hoy premier, Javier Velásquez, porque como presidente del Congreso, el 4 de junio, evitó poner en agenda el tema de la derogatoria de los decretos legislativos lesivos a la selva peruana.

Exhuman en Perú 26 cadáveres de asesinados por militares en 1983, varios de ellos niños

Autoridades exhumaron al menos 26 cadáveres -entre ellos varios de niños- hallados en tres fosas al sur de Perú, que al parecer fueron asesinados en 1983 por militares en la guerra interna contra la guerrilla de Sendero Luminoso, informó este miércoles la Fiscalía regional.

La Fiscalía de la región peruana de Ayacucho procedió a la exhumación de las tres fosas comunes, tras recibir indicaciones de cinco testigos que señalaron su ubicación a 60 metros de la escuela de la andina población de Umasi, unos 600 km al sudeste de Lima.

"En la primera fosa se ha logrado recuperar un mínimo de 10 individuos; en la siguiente 14 individuos, y dos más en la última fosa", dijo a la AFP Lourdes Proaño, fiscal asistente en Ayacucho, y quien participa en la exhumación.

Señaló que se encontraron algunos restos que pueden hacer presumir que hay más cadáveres, pero que será necesario esperar a investigaciones para precisar su número exacto.

Proaño dijo que no se puede indicar aún cuantos menores de edad había pero sí indicó que "entre los cadáveres hay niños y niñas de 12 a 13 años, que visten su uniforme escolar".

Los testigos narraron a la Fiscalía que los muertos corresponden a guerrilleros de Sendero Luminoso (SL) y estudiantes que fueron asesinados a quemarropa por una patrulla del ejército, dice la fiscal.

Según los testimonios, la guerrilla de SL incursionó en la población andina de Raccaya en octubre de 1983 y secuestró a unas 40 personas, en su mayoría escolares. Luego de caminar diez horas, el grupo armado y sus rehenes llegaron a la escuela de Umasi, donde se refugiaron.

Advertidos por la población sobre la presencia de los guerrilleros, efectivos militares llegaron hasta la escuela y los soldados lanzaron granadas contra la escuela.

"Los testigos manifiestan que estas personas fueron asesinadas por miembros del ejército", señaló Proaño.

"Un testigo dijo que participó del entierro en dos grandes fosas y contó que como habían sobrado dos cuerpos, enterraron éstos en una tercera. Justo así los hallamos", dijo Máximo Banda, uno de los peritos que participó en la exhumación, al diario La República de Lima.

La guerra interna que vivió Perú entre 1980 y 2000 dejó unos 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que calculó unos 4.000 sitios de entierro clandestino en todo el país.

Más de 200 detenidos en una nueva jornada de protesta en Copenhague

La Policía danesa dispersó una nueva manifestación organizada en el centro de Copenhague, capital del clima, y detuvo a 200 personas que protestaban bajo eslóganes anticapitalistas.

Los efectivos policiales confiscaron máscaras de gas y otros objetos ilegales durante la manifestación, que fue convocada por la coalición Climate Justice Action (CJA), que reunió a una multitud en la víspera para reclamar un acuerdo ambicioso de lucha contra el calentamiento global.

Bajo el mensaje “Atacar a la producción”, los manifestantes, algunos de ellos con la cara tapada, pretendían bloquear una parte del puerto de Copenhague. En la víspera, la policía danesa detuvo a 968 personas y dejó a la gran mayoría en libertad durante la noche.

Notas relacionadas
12/12/09 - Marchas multitudinarias en el mundo
11/12/09 - Singular protesta contra calentamiento global

Otra masacre, ahora en Majáz

Fuente: La República

NECROPSIA REVELA QUE POLICÍAS LES DISPARARON POR LA ESPALDA Y DE ARRIBA HACIA ABAJO.

Fiel al estilo de los Nazis de Hitler ...

Masacre en Majaz. víctimas fueron baleadas por la espalda y de arriba hacia abajo. Peritos del Ministerio Público verifican que el orificio de salida del proyectil es más grande que el de entrada. Fotografías lo confirman.

Elízabeth Prado.

El grupo de fotografías a las que ha accedido La República no solo grafica lo determinado por la necropsia de ley, sino que refuerza la versión que dieron los comuneros de Cajas-Canchaque, respecto a lo que ocurrió el dos de diciembre en esa localidad piurana.

Los campesinos aseguraron que fueron atacados por un contingente de más de treinta policías al momento en que reclamaban por la detención de campesinos, sin que existiera una orden judicial.

Por el contrario, la Policía Nacional, a través del general PNP Walter Rivera Alva, había dicho que cientos de campesinos armados con piedras “y balas” emboscaron ese día a los agentes policiales. Además refirió que dos agentes estaban heridos
Lo cierto es que estas fotografías revelan que los restos de los comuneros Cástulo Correa Huayama (39) y Vicente Romero Ramírez (52) presentan heridas de balas disparadas por la espalda con salida por el tórax.

El peritaje señala que según la trayectoria que tomó el proyectil dentro del cuerpo de las víctimas, los disparos fueron ejecutados de arriba hacia abajo.

En opinión de los peritos, este hecho indica que quien realizó el disparo tenía el dominio completo del espacio y también ventaja respecto a su víctima al momento de percutar su arma.

El material gráfico, asimismo, permite constatar que el tórax de las víctimas, especialmente el de Cástulo Correa Huayama, presenta una herida más grande que en la espalda. Esta especie de boquerón es la típica señal de la salida de un proyectil.

Eulalia Romero Ramírez, hermana del campesino fallecido Vicente Romero Ramírez, refirió desde su lecho en el Hospital Santa Rosa, que esa tarde los comuneros estaban en sus casas cuando llegó el contingente policial para entregar notificaciones por el atentado que sufriera el campamento de Minera Río Blanco.

Al ver que detenían a un comunero, ella protestó y recibió un impacto de bala en la pierna. Así, con estos testimonios la versión policial fue debilitándose de a pocos. La ciudadanía no conoció la identidad de los agentes heridos que denunció el general Rivera Alva.

Lo que mostró la policía, tres días después de los hechos, fue una camioneta con impactos de bala como prueba de haber sido atacados por los campesinos de la comunidad de Cajas-Canchaque.

Este caso es visto en el Juzgado de Huancabamba y aún no hay un pronunciamiento al respecto. En tanto, el juzgado de Chulucanas que sigue el caso del atentado a la Minera Río Blanco debe resolver la apelación del fiscal Martín Rijaba, quien no estuvo de acuerdo con la orden de comparecencia dispuesta para los comuneros.

El 2005 fueron secuestrados y torturados

Los comuneros de Huancabamba, que el 2 de diciembre perdieron a dos de sus miembros, son los mismos que en el año 2005 denunciaron el secuestro y la tortura de 28 personas dentro del campamento de Minera Majaz, por parte de la policía y miembros de seguridad de esta empresa.

La denuncia no tuvo eco en las autoridades piuranas hasta que aparecieron fotografías que mostraban el grave hecho. La causa hoy es vista en la Alta Corte de Inglaterra.

Después que esta Corte ordenó el congelamiento de los activos de Monterrico Metals, matriz de Río Blanco, que garantiza el pago de la indemnización para los torturados, sucede un atentado al campamento de Río Blanco, el 1° de noviembre.

Los primeros sospechosos fueron los comuneros de Huancabamba. El 2 de diciembre los policías fueron a notificarlos y a efectuar detenciones por el hecho.

ALAS PERUANAS, Y LA CORRUPCÍÓN BURGUESA DEL APRISMO

Fuente: La Mula

Hace 25 larguísimos años trabajo en el sistema de la universidad peruana. En 1984 empecé a ser asistente de cátedra de Jorge Cornejo Polar en la Universidad de Lima, en el curso de Literatura Latinoamericana. Recuerdo perfectamente que tuve entre mis alumnas a la ahora conocida periodista Jackie Fowks, a quien califiqué con 20 un trabajo sobre Vallejo (¡¡brillante!!); también recuerdo que jalé a un guapo jovencito y hoy conocido productor de TV en Miami por ponerme su número de teléfono en el examen con un escueto: ¡llámame!
He estado vinculada a la universidad toda mi vida, mi padre fue profesor universitario y yo visitaba junto con él las universidades de Lima y La Cantuta cuando aún estaba en el colegio. Siempre he amado los claustros, los jardines de bullicio y alumnos descansando, las aulas vacías y llenas. Incluso la he amado en sus peores épocas, durante los 80, cuando mi alma mater la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenía todas las paredes pintarrajeadas de propaganda política o, peor aún, en los 90 cuando ya se encontraban limpias pero amenazadas por la presencia de los militares dentro del campus. No sé si será por un pánico a salir de sus claustros o por puro amor al conocimiento, pero tengo marcada en la frente esta idea: la universidad es una entrada a la libertad.
Por eso mismo el escándalo de la Universidad Alas Peruanas no me sorprende y sí me desalienta. Escribo este artículo luego de recorrer el stand de esta universidad en la Feria del Libro Ricardo Palma, y además de constatar que la mayoría de sus libros son de lujo y “tablebooks”, algunos bastante bien editados, puedo considerar que en realidad se trata de una producción para “figurar” más que para aportar al debate público, como es el caso de casi todas las otras universidades, incluyendo la tradicional San Marcos y sus producciones de la época de José Carlos Ballón, así como los bien cuidados libros de la Universidad Sedes Sapientiae. Si como reza el slogan sanmarquino “la universidad es lo que publica”, pues solo basta recorrer el stand de la feria para sospechar lo que hace tiempo sucede con Alas Peruanas.
Una universidad que funciona con una serie de acciones de amparo, que tiene un listado de procesos en el poder judicial cada cual más enrevesado que el otro, y no sabemos si da títulos a nombre de la nación o no, pero sí que reparte invitaciones para viajar a Francia o Finlandia tanto a magistrados como a congresistas, es una empresa que busca ganancias a toda costa, prebendas con el poder, y que no tiene ni como misión ni como visión una “educación de calidad”.
No sé si sea la universidad convertida en empresa lo que ha permitido esta debacle de la universidad en su conjunto. Alas Peruanas es la cereza del pastel. Debajo podemos encontrar otras tantas universidades que tienen como prioridad ir engañando muchachos haciéndoles creer que la educación puede ser un medio de movilidad social, de salida de la pobreza, de escape de la miseria, y que mientras más rápido entres a trabajar más rápido podrás ganar dinero, y si te dan un título convalidado en Estados Unidos, mejor porque te largas volando de este ruinoso país. ¿Quién ha sido el culpable de convertir a la universidad en este monstruo inmoral, apolítico y, sobre todo, estúpido? Eso es lo que representa el escándalo de Alas Peruanas: otra victoria de la estupidez humana.
Esta kolumna ha sido publicada el domingo 6 de diciembre de 2009 en La República. La caricatura es, como siempre, del genial Carlín quien recibió el miércoles 9 de diciembre el premio anual 2009 de la Coordinadora de Derechos Humanos.

Gritemos a los Capitalistas !!!ALTO!!! a la !!!REPRESIÓN!!! en Piura

Pronunciamiento de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la región Piura

Las instituciones y ciudadanos que suscribimos, frente a los lamentables hechos de violencia que vienen aconteciendo en el distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, expresamos a la ciudadanía y el país:

1- Desde Piura y en el día Internacional de los Derechos Humanos, Hacemos nuestro, el dolor por la pérdida de siete valiosas vidas humanas, y nos solidarizamos con el sentir de sus familiares. Rechazamos cualquier tipo de acto violento contra poblaciones civiles indefensas de la sierra piurana y los realizados en el ilegal campamento minero o en cualquier ámbito de nuestra región.

2- Denunciamos la violencia que se viene dando, contra poblaciones civiles indefensas de la sierra piurana. Con órdenes superiores y de jueces, la Policía Nacional amparada en el inconstitucional D.Leg. 982, enluta familias asesinando a campesinos como en tiempo de los gamonales. Otra vez, el Estado al servicio de los grupos de poder, permite que los policías y militares puedan usar a su criterio sus armas contra los manifestantes, causar muerte y lesiones sin responder por ello (criminalización de la protesta social).

3- Las comunidades y pueblos de la sierra piurana democráticamente dijeron NO A LA MINERIA METALICA y decidieron por amplia mayoría en la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007, apostar por un modelo de desarrollo sostenible basado en la agricultura. Defienden también, los páramos y bosques de neblina, fuentes de agua de toda la región Piura, sustento de la actividad agro exportadora actual y futura de los pequeños y medianos productores, el consumo humano y otras actividades productivas y de servicio.

4- Los hechos acontecidos el 02 de diciembre del presente año, en el caserío Cajas – Canchaque, con el pretexto de capturar a quien una semana antes, se había presentado voluntariamente a declarar en compañía de su asesora legal y no habiéndose hecho presente el Fiscal, fueron asesinados dos comuneros y heridos otros 6, -uno de ellos con riesgo inminente de perder una pierna-. La intervención de la PNP, violentando el debido proceso, muestra a un gobierno represivo, que se niega a escuchar las demandas reiteradas de diálogo planteadas por las comunidades y sus dirigentes; mostrando en contraste, un servilismo vergonzoso, lleno de faenones, ante el capital extranjero chino y otras transnacionales que requieren materias primas, sin importarle la degradación de nuestro medio ambiente y los tesoros de agua dulce, biodiversidad y especies únicas ara la vida de nuestro planeta.
Exigimos:

a) Respeto de los derechos fundamentales de las personas donde prime el debido proceso, que no propicie detenciones arbitrarias, torturas, ni más muertes absurdas e injustas, por el uso indiscriminado de la fuerza de parte de la Policía Nacional.

b) Cese de persecución y represión contra los comuneros y sus dirigentes, así como la asistencia en salud e indemnización a los comuneros y familias agraviados.

c) El retiro inmediato de la empresa minera Rio Blanco Zijin, que de manera ilegal viene usurpando parte del territorio comunal, generando malestar en la población de la zona, además, de la ONG “Integrando” vinculada al Grupo Romero, cuya presencia propicia el crecimiento del conflicto social en estos lugares.

d) Investigación a fondo, imparcial y exhaustiva del comportamiento policial en la sierra piurana, cuyo actuar nos hace ver ante el mundo como una “republiqueta” que por un lado propone desmilitarización continental, y en nuestra tierra aplica la militarización y represión contra sus propios ciudadanos.

e) Suspender la pretendida militarización de la zona, la que pone en riesgo los derechos de la población local, como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades.


Piura, 8 de diciembre de 2009.

Policías al mando del gobierno de las clases altas, asesinan a campesinos en Huancabamba

Dos muertos, ocho heridos y dos detenidos sería el saldo de esta nueva represión

Fuente: Fe de paz

Arriba:Cástulo Correa.

Abajo: Vicente Romero.

Ambos asesinados por la policía al mando de las clases altas que gobiernan el Estado.

Por favor difundir no puede seguir pasando esto de manera impune contra nuestros hermanos, donde estan los derechos de ellos???

pasalo para no continuar con esta injusticia

Pobladores del Caserío Cajas Canchaque, en la provincia de Huancabamba, denunciaron hoy, haber sido víctimas de una brutal represión por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigan los lamentables hechos ocurridos el 1 de noviembre en el campamento de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. Según detallan los propios comuneros hay dos muertos, ocho heridos y dos detenidos producto de esta represión.

Hasta el momento, se conoce que los fallecidos son el ex teniente gobernador de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Castro Correa Huayama y Vicente Ramírez Martínez, padre de familia de 50 años.

Entre los heridos estarían Simon Tocto, Joaquin Ramirez, Eulalia Romero, José Ramirez, Nerida Correa Melendez, Elita Correa Melendez, Apolinaria Correa Melendez, Merli Correa Melendez y Reina Melendez. Además se sabe que José Servando Quinde Alberca, del caserío de Rosarios Bajos y Porfirio Clemente Huamán del caserío Pan de Azucar han sido detenidos y conducidos hasta la comisaria de Chulucanas.

Ismael Huayama, alcalde de El Carmen de la Frontera, manifestó que al pasar por su jurisdicción los efectivos policiales sólo informaron que los llevaban hasta la ciudad de Chulucanas para que rindan su declaración. Ellos han sido trasladados en una camioneta 4x4 color celeste de placa PQ 4307 de la PNP.

Se sabe también que los miembros de la policía están ingresando a los diferentes caseríos de la zona en una camioneta blanca del escuadrón verde 105 y otra camioneta blanca con rayas negras, donde se estaría movilizando el comandante de la comisaría de Huancabamba.

En el caserío de Cajas Canchaque, la policía abrió fuego pretendiendo amedrentar a los pobladores e intentando detener a Lorenzo Rojas, y al no ser encontrado se maltrató e hirió a su padre.

David Velazco, abogado de las víctimas, manifestó que se ha cometido un abuso puesto que todos los comuneros citados por los hechos violentos ocurridos en el campamento Henrry Hill’s el pasado 1 de noviembre, están en condición de testigos, según la información que proporcionó la Fiscalía Mixta de Huancabamba y que sólo se les debió hacer entrega de una notificación para que fueran a brindar su manifestación.

Fedepaz, preocupado por este accionar criminal de la policía, ha notificado de los acontecimientos a la Defensoría del Pueblo, que está interviniendo en estos momentos en la zona, para garantizar el respeto a la libertad, la vida e integridad de las personas.

En tal sentido, exigimos el cese inmediato de dicha represión y la intervención de las autoridades correspondientes con la finalidad investigar las muertes y sancionar la actitud arbitraria hostil de efectivos policiales, que en el supuesto cumplimiento de sus funciones reprimen de manera brutal y sin justificación alguna a los humildes campesinos de dicha provincia piurana, atentando contra sus vidas y libertad personal.

Agradecemos su difusión.

Vilma Arce


“¿Y si en vez de planear tanto... voláramos un poco más alto?”

Se acabó el cuento de los “pishtacos”

Fuente: Diario la Primera

Un psicosocial creado por el gobierno de los ricos, que creció y le reventó en la cara a sus creadores. (2) Murga tuvo que pagar con su puesto.

La novela de la Policía Nacional en la que responsabilizan de una serie de asesinatos -hasta 60- en Huánuco a los míticos “pishtacos”, acabó con la salida del director de la Dirincri, Félix Murga, el punto más débil en esta cadena de exageraciones respaldadas por las más altas autoridades policiales, pero luego rechazadas inclusive por los propios policías de la zona.

Ayer el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Miguel Hidalgo, anunció la separación del jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Eusebio Félix Murga, por inconsistencia en la investigación relacionada a la existencia de una banda denominada “Los pishtacos de Huánuco”. Recalcó que la Inspectoría General de la PNP realizará una investigación sumaria para determinar la idoneidad de la participación de los efectivos en el caso de la presunta banda que mataban a campesinos para extraerle la grasa y venderla a supuestos fabricantes de artículos de belleza en hasta 15 mil dólares el litro.

Tras la separación de Murga, el ministro del Interior, Octavio Salazar, no dudó en marcar distancia del escándalo indicando que “en ningún momento la policía aseguró la existencia de ‘pishtacos’ en el valle del Monzón”, e indicó que continúa la investigación en torno a la presunta banda que extraía grasa humana. “Realmente yo no quiero decir si existen o no. Yo me baso en la investigación que la Policía Nacional me hace conocer”, asevera ahora el ministro.

Pero queda como prueba de la exageración la conferencia de prensa (respaldada por todos los mandos) en que la policía presentó a la banda y dio detalles hasta de la forma sangrienta cómo operaban. Ello sin resaltar la “espectacular y paciente labor” de los efectivos de la PNP.

Huánuco protesta
El presidente regional de Huánuco, Jorge Espinoza Egoavil, retó al premier Velásquez Quesquén y al ministro del Interior, Octavio Salazar, a visitar la zona del Monzón y que le demuestren la existencia de los presuntos “pishtacos”. La máxima autoridad regional dijo a LA PRIMERA que lo de los presuntos “roba grasas” es una “patraña de nivel artesanal” inventada por la PNP para ocultar la debilidad de las fuerzas policiales frente al terrorismo y el avance de los actos delictivos en el lugar.

“Como no pueden garantizar la seguridad de la población sacan el tema de la captura de los ‘pishtacos’ para que la población vea que han logrado capturar algo que nadie ha podido en cientos de años. ¿Quién los va atrapar si se tratan de seres mitológicos que sólo existe en la mente de algunos pobladores?”, recalcó.

Abelardo Ortiz Pedraza, presidente de la Cámara de Comercio de Huánuco indicó que tras publicitarse el caso de los “pishtacos” -el 19 noviembre- el turismo nacional e internacional hacia Tingo María cayó en 80% y dañó la imagen de la población de la selva peruana. “No sólo se afectó el turismo, sino también toda la cadena productiva del sector, como la agencia de viajes, hoteles, entre otros. Por ello urge a las autoridades adoptar medidas inmediatas para hacer frente al problema y dar un mayor apoyo al turismo para enfrentar la crisis”, indicó.

Coincidiendo con las declaraciones de Ortiz, el titular de Huánuco, Espinoza Egoavil, dijo que debido al anuncio de la existencia de los “pishtacos” nadie quiere venir. Por ello, pidió al ministro Salazar un desagravio al pueblo huanuqueño.

“Nos deja como gente analfabeta, de siglos pasados, como si estuviéramos en la época de los taparrabos… Aquí tenemos cinco universidades, este es un pueblo culto”, acotó. Más allá de la simple ineficiencia, deseo de verse “exitosos” o hasta intención de lanzar una “cortina de humo”, el caso no sólo marcó una vergüenza para la institución policial sino que causó efectos negativos a todo un sector de la población.

Industrias extractivas vs. awajún wampís

Fuente: Facebook de Bajo la Lupa

El territorio ancestral de los awajún wampís es uno de los principales focos de conflictos por las grandes concesiones que se vienen otorgando a favor de las industrias extractivas, sin considerar mecanismos de consulta previa ni garantías a la propiedad indígena. Ni conspiración ni manipulación ni ignorancia: la lucha de los pueblos indígenas de las provincias de Condorcanqui y Bagua es en legítima defensa de sus derechos: al territorio, a la consulta, a la autonomía comunal. Derechos que el Estado Peruano, hoy colonizado por intereses transnacionales, desconoce.

El gobierno actual rompe una relación ciudadana en construcción
Luego de su participación protagónica en la defensa de la frontera peruana durante el conflicto con el Ecuador, los pueblos awajún y wampís confiaron que se respetarían sus derechos territoriales: ellos asumieron que ese hecho histórico constituía un pacto político territorial con el Estado Peruano. Después de todo, aunque no había prosperado su propuesta de creación de una Reserva de Biósfera en su territorio ancestral, en 1999 y 2000 consiguieron la creación de la Zona Reservada Santiago-Comaina (ZRSC), con más de un millón de hectáreas, 90% de ellas ubicadas en la Provincia de Condorcanqui (Decretos Supremos 005-99-AG-1999 y 029-2000-AG- 2000).
Representantes indígenas participaron también en el proceso de categorización y ordenamiento territorial de esta Zona Reservada, mediante el cual se delimitó como Parque Nacional un área de más de 152 mil has en la Cordillera del Cóndor.
Este emergente proceso de construcción de confianza política entre los indígenas –representados por los Apus de las comunidades, organizaciones a nivel de cuencas afiliadas a AIDESEP en algunos casos y en otros a CONAP, y su central regional ORPIAN, y el sector público representado por INRENA y el Plan Binacional-Capítulo Perú– se fue deteriorando a largo de los años 2006 - 2007. Y, en agosto del 2007, se publicó el Decreto Supremo 023 que recorta en 55% la extensión de la mencionada Zona Reservada (ZRSC) y establece que “La presente categorización respetará los derechos adquiridos y obligaciones contenidas en el Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 116. En este sentido, el Contrato de Administración, la zonificación, el Plan Maestro y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Tuntanain permitirán la ejecución del mencionado Contrato de Licencia al ser ésta un área de uso directo, en armonía con los fines y objetivos de la mencionada Reserva Comunal” (Art 6, inciso 2).

Así, apelando al “interés nacional prevalente” y omitiendo la consulta constitucional establecida en el marco del Convenio 169-OIT, el gobierno aprista recortó sin miramientos los derechos territoriales de los pueblos awajún-wampís que el Estado había reconocido entre 1998 y 2000. Más de 850 mil hectáreas - 38% del territorio ancestral awajún-wampís- fueron secuestradas para asegurar las inversiones para la Titilación de Tierras) registró 164 Comunidades awajún y wampís, con un territorio comunal de casi un millón y medio de hectáreas -65% ubicadas en la Provincia Condorcanqui y distrito Imaza- y 37% de las cuales constituyen propiedad comunal titulada.

Múltiples son las concesiones petroleras y mineras que hoy se superponen, parcialmente, a estas áreas comunales, incluidas las áreas recortadas antes mencionadas. Esta situación remite a un problema de fondo y hace evidente la necesidad de poner un alto a las concesiones que están amenazando al Pueblo Awajún-Wampís, su derecho a existir como tal, y la sostenibilidad del bosque amazónico.
Es urgente y estratégico restablecer la capacidad reguladora del Estado y que éste: (i) condicione efectivamente la inversión petrolera-minera y cautele la obligatoriedad de la Zonificación Ecológica Económica y de la Consulta establecida en el Convenio 169-OIT, (ii) restringa la extracción petrolera- minera en zonas de alto impacto ambiental y cultural, empezando por la revisión de los derechos concesionados en los territorios awajún y wampís y (iii) derogue los DL atendiendo las demandas de los pueblos amazónicos.


¡¿Y si los awajún siguen a De Soto?

Pongamos que mañana los comuneros Awajún del cenepa, arrastrados por un ataque de locura colectiva, decidieran aceptar la idea de hacer negocios con sus territorios y colocarlos en la bolsa de valores. Digamos que consiguen un socio que instala unas plantaciones agroforestales en el fértil valle del Numpatkeim, un afluente del río Cenepa. Digamos que hasta están contentos con el negocio y que la inversión está a punto de dar frutos.

De pronto, en la Cordillera del Cóndor, en las cabeceras del Numpatkeim y del cenepa, inicia operaciones de extracción de oro una empresa minera (o varias) en las concesiones mineras que el Ministerio de Energía y Minas tiene autorizadas. Como INRENA alguna vez advirtió, las operaciones mineras destruyen la cobertura vegetal que capta humedad y alimenta los numerosos ojos de agua que a su vez forman un denso abanico de pequeñas quebradas que dan lugar a los ríos que allí nacen. Sucede que los cauces de agua superficial del Numpatkeim y sus afluentes se alteran y que la calidad del agua subterránea y superficial se ve afectada. Se hacen análisis de agua y se encuentra que los valores de los parámetros de acidez, SST, Pb, Zn y Fe sobrepasan los niveles máximos permisibles. Esto porque se trata de una zona frágil e inestable en términos geológicos por cual la zona había sido considerada como parte del Parque Nacional Ichigkat Muja y la minería incompatible con sus características.

¿Qué diría Hernando de Soto? ¿No pondría esto al descubierto que el problema de la seguridad de los títulos tiene va más allá que su simple receta de emprendimiento? Son situaciones como ésta, que revelan que los títulos que tienen las comunidades son buenos pero que en última instancia dependen de un entorno que puede hacer que esos derechos se vuelvan vulnerables. ¿Permitiría ese socio que la minera continúe contaminando sus plantaciones de las que esperaba alta rentabilidad? ¿Qué haría OSINERGMIN en ese caso?