El documento, que deberá ser debatido para su aprobación o rechazo en el pleno del Legislativo, concluyó que "se tienen suficientes indicios para presumir que las interceptaciones telefónicas a diversos personajes políticos fueron de conocimiento del almirante Luis Giampietri".
Giampietri, quien es además congresista, es visto como miembro del ala dura del gobierno de Alan García y ha admitido tener amistad con el contralmirante en retiro Elías Ponce Feijóo, dueño de la firma Business Track (BTR) -preso y acusado del espionaje telefónico-, pero niega estar comprometido en sus actividades.
Esa firma actuó "de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas", según el informe de la comisión que presidió el congresista Oswaldo Luizar, del opositor Bloque Popular.
Luizar también afirmó que en 2006 cuando Mercedes Cabanillas, una de las figuras más influyentes del gobierno, era presidenta del Congreso, ordenó la contratación de Business Track para hacer un barrido electrónico, pero que la firma aprovechó para espiar a legisladores de oposición.
"Los agentes de BTR entraban de noche y trabajaban de madrugada, hoy sabemos que estas personas se dedicaban a interceptar comunicaciones", subrayó.
"BTR actuó en forma amplia dedicada a interceptar a todo el mundo", refirió Luizar señalando que operaba con equipos de espionaje telefónico que usó en la década pasada el encarcelado Vladimiro Montesinos, brazo derecho en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Tras el derrumbe del régimen fujimorista en 2000 en medio de denuncias de corrupción, los equipos de interceptación desaparecieron "y la gente vinculada a esa empresa, marinos activos y en retiro, las mantienen en su poder", precisó.
El espionaje se realizaba a políticos opositores y a empresarios cobrando tarifas altas por su labor, dependiendo del cliente, añadió.
La comisión encontró muchas resistencias en su trabajo, según el legislador, como del Poder Judicial y bancos que ponían obstáculos para dar información.
Tras conocerse el informe, el vicepresidente Giampietri dijo que Luizar "metió en un saco a todos sus enemigos potenciales" y comentó que el destino de ese informe debería "ir al basurero porque está lleno de barbaridades".
Por su parte, la legisladora y ex ministra Cabanillas le restó validez señalando que está "cargado de intencionalidad política y no es producto de ninguna investigación, simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos".
Según el informe Luizar, entre los políticos a quienes se espió figuran políticos opositores como el nacionalista Ollanta Humala, la ex candidata presidencial conservadora Lourdes Flores, el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar y el sacerdote ecologista Marco Arana, entre otros.
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